El próximo
viernes 24 de octubre, a las 19 horas, se realizará la conferencia “La deuda
legítima, los fondos buitres y la soberanía argentina” a cargo de Eduardo Macaluse, diputado nacional mandato cumplido, que en 2010 integró la Comisión Bicameral Investigadora sobre el Origen y Seguimiento de las Negociaciones relativas a
la deuda pública nacional.
Esta actividad es organizada por el Centro de Estudios, Formación, Investigación y Capacitación Política - CEFICAP - del Partido PARES y se desarrollará en la sede ubicada en avenida Urquiza 1350.
Eduardo
Macaluse es docente, militante sindical y dirigente político en la provincia de
Buenos Aires. Fue uno de los fundadores del Sindicato Unificado de Trabajadores
de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), formó parte del Consejo Directivo de
dicho sindicato e integró la Junta Ejecutiva de CTERA como Secretario de
Relaciones Internacionales. En 1999 asumió como diputado nacional y en 2007 fue
reelecto en su banca.
En 2010
impulsó la creación de la Comisión Investigadora del Congreso de la Nación
sobre la deuda externa argentina, que tomó como base de su investigación las causas
judiciales iniciadas en 2006 por Alejandro Olmos Gaona y Ricardo Daniel Marcos,
por denuncias de defraudación a la administración pública contra el ex ministro
Domingo Felipe Cavallo.
En aquel
momento, Macaluse le dijo a Página/12 que, “la deuda externa es el cepo
que impuso la dictadura cívico-militar al avance económico de los futuros
gobiernos democráticos que vinieran. Olmos y Ballesteros demostraron 477
delitos en la valoración y conformación de la deuda externa. Para quienes dicen
que se trata de un tema viejo, hay que ver en el presupuesto de cada año lo que
se destina a pagar vencimientos de la deuda, que llegan hasta el 2081”.
La comisión parlamentaria se planteó investigar el origen de
las acreencias financieras del Estado, los traspasos de pasivos privados al
Tesoro Nacional, las operaciones de venta de activos del Estado con títulos
públicos, sobre todo privatizaciones de empresas públicas, y las estatizaciones
de empresas privadas, la responsabilidad de los funcionarios y las refinanciaciones
y reestructuraciones de la deuda pública.
Tras las conclusiones de la comisión, Macaluse señaló que “hay
una parte de la deuda que no tiene documentación. Como la deuda era muy
enredada y sin documentación clara, el Banco Central después de la dictadura
terminó aceptando declaraciones juradas de los bancos supuestamente acreedores.
Fue un atropello jurídico insostenible y demuestra que fue un saqueo. Esto sólo
bastaría para demostrar la ilegitimidad. Pero, aparte, hay una doctrina que
impusieron los Estados Unidos en la guerra con Cuba a fines del siglo XIX y que
también impusieron en Irak, que es la de la deuda odiosa, que dice que un país
no debe pagar su deuda externa cuando ésta fue contraída por un dictador en
contra de los intereses de su propio pueblo. Basados en esta doctrina, se puede
plantear que la deuda argentina es odiosa. Pero además, en el conjunto de las
investigaciones de Alejandro Olmos, se señala una parte de deuda por el seguro
de cambio de las empresas privadas que fueron estatizadas, impulsado por el
ministro Cavallo, entre otros puntos. Es decir, en cada segmento de la deuda
que se revisa se encuentran irregularidades enormes”.

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