La detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy es una decisión de enorme gravedad política e institucional que demuestra la decisión de la Alianza Cambiemos de enfrentar las manifestaciones de descontento social con represión y criminalizando el derecho a la protesta.
En el caso de la dirigente de la organización Túpac Amaru queda en evidencia el intento de criminalizar la protesta social produciendo su detención a partir de una causa penal armada con imputaciones vagas y haciendo una interpretación formalista del Código Penal.
Se acusa a Milagro Sala alzarse públicamente contra decisiones del gobierno de la provincia de Jujuy (reempadronamiento de cooperativas), aplicando un razonamiento jurídico que justificaría la detención de cualquier dirigente social, sindical o político que realiza un acto de protesta social contra la implementación de una norma o de una decisión de gobierno
Por ello, no se puede dejar de advertir, que la detención de Milagro Sala tiene un clara motivación política y pretende ser un mensaje para todo el país, en especial cuando el gobierno de la Alianza Cambiemos promueve un clima de revancha de clase, despliega un discurso discriminador, produce despidos arbitrarios y toma medidas económicas que perjudican a millones de trabajadores.
En este contexto, decimos que criminalizar el ejercicio del derecho a la protesta altera la paz social y nos conduce hacia una restricción de las libertades democráticas.
Se acusa a Milagro Sala alzarse públicamente contra decisiones del gobierno de la provincia de Jujuy (reempadronamiento de cooperativas), aplicando un razonamiento jurídico que justificaría la detención de cualquier dirigente social, sindical o político que realiza un acto de protesta social contra la implementación de una norma o de una decisión de gobierno
Por ello, no se puede dejar de advertir, que la detención de Milagro Sala tiene un clara motivación política y pretende ser un mensaje para todo el país, en especial cuando el gobierno de la Alianza Cambiemos promueve un clima de revancha de clase, despliega un discurso discriminador, produce despidos arbitrarios y toma medidas económicas que perjudican a millones de trabajadores.
En este contexto, decimos que criminalizar el ejercicio del derecho a la protesta altera la paz social y nos conduce hacia una restricción de las libertades democráticas.
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