Compartimos la ponencia presentada por el compañero Joaquín Gorrochategui en el encuentro "Aportes para la Reforma de la Constitución Provincial" realizado en la ciudad de Santa Fe. El representante del CEFICAP sostuvo que "edificar una sociedad de bienestar debe formar parte del ideario de nuestra constitución política. Un Estado social garante de una ciudadanía social conducido a reducir las desigualdades que genera el mercado".
Hoy nos reunimos para afirmar y trabajar por la grandeza de nuestra provincia, grandeza que no es la sola amplitud de nuestras ciudades, grandeza que no es el tamaño de nuestros edificios, ni la fertilidad de nuestros campos; nuestro orgullo y motivación se basa en una premisa muy sencilla, resumida en una declaración realizada en 1962: “organizar los poderes públicos y consolidar las instituciones democráticas y republicanas para asegurar los derechos fundamentales del hombre; mantener la paz interna; afianzar la justicia; estimular y dignificar el trabajo; proveer a la educación y la cultura; fomentar la cooperación y solidaridad sociales; promover el bienestar general; impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social; afirmar la vigencia del federalismo y del régimen municipal; y garantir en todo tiempo los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Provincia”.
En esta construcción colectiva estamos
ante una alternativa.
Podemos ser quienes meramente adapten
técnicamente nuestra carta magna a la reforma nacional o los tratados
internacionales, consolidando un edificio
jurídico en donde la circulación del
poder político se mantenga dentro de los muros estatales.
Podemos
simular que no estamos consolidando de ese modo esa ciudadanía
de baja intensidad de la que hablo Guillermo O” Donnell, es decir, ese
status fácticamente desigual y territorialmente asimétrico de acceso a los
servicios del Estado.
Podemos
convencernos que esto nada tiene que ver con la crisis de régimen político
actual y con las falencias de nuestros modos de integración como comunidad.
Es
decir, podríamos ser esa generación que solamente se aboque a acondicionar
ese edificio estatal que hace décadas corre por detrás de una sociedad en
permanente cambio. Seríamos quienes construyen en el siglo XXI una reforma en
sintonía con la inercia de las postrimerías del S XX. Pero también podemos
hacer una cosa distinta.
Podemos ser quienes
hagan honor a la tradición de avanzada
de nuestros constituyentes, quienes
comprendan que todo acto instituyente
del Estado lo es también de la sociedad, quienes
desde la argamasa de una ciudadanía
integral, social, o como dice Habermas, co-rresponsable
en las diferentes decisiones políticas del ámbito público, seamos artesanos
de un edificio estatal que no sólo restringa sino combata las
desigualdades sistémicas. Esta es nuestra
alternativa.
Emprender
el camino de la Reforma es empuñar un desafío como comunidad política. La Constitución no es solo
una plataforma lejana de derechos y obligaciones comunes o aquella regla básica
que marca el paso a la dinámica y circulación del poder
entre las estructuras instituidas. La Constitución es más que eso.
Reformar la Constitución es asumir
el desafío de consensuar un nuevo pacto que reformule la relación entre Estado
y sociedad, pacto basado en el derecho
como herramienta de integración más que como instrumento de dominación, pacto
entre los derechos humanos fundamentales y la soberanía popular, en
definitiva, pacto de ciudadanía.
Estamos frente a un cambio de época. La llamada "cuestión social"
se ha transformado radical y definitivamente durante el último medio siglo.
Nuestros contexto en muy poco se parece a aquél que condujo al constituyente
del 62 a construir una herramienta garante de la gobernabilidad y receptora de
las mejores doctrinas y prácticas constitucionales de su tiempo.
Este cambio de época está marcado por
la incertidumbre. Un proceso sistémico y sus reacciones
actuales condicionan el mapa. Durante el
último medio siglo las transformaciones
de la economía capitalista han puesto en jaque nuestros modos conocidos de
integración social. Esto ha hecho de los desafiliados de la sociedad
salarial, como los llama Castels, la norma del sistema social más que la excepción.
Bajo
este cambio de época el Estado ha oscilado
entre la impotencia y la complicidad en
la marginación de amplios sectores sociales.
Mientras hace medio siglo, en la sociedad
salarial, la intervención pública tenía como centro la protección a través del
empleo formal y de las grandes instituciones universalistas;
con los diseños neoliberales, la protección pública de bienestar fue reducida
al asistencialismo de contención, es decir, a una red de seguridad mínima que acciona por detrás y por debajo del
mercado de trabajo. Esto es lo que Rubén Lo Vuolo llamó "la pobreza de las políticas contra la
pobreza".
En este cambio de época la
ciudadanía está amenazada. Atenazada entre el desierto de la hegemonía del
capital financiero y su reacción, los nacionalismos étnicos e
iliberales conducidos por liderazgos mesiánicos que movilizan los desafiliados de la globalización. Grandes
segmentos de excluidos en los países centrales asoman a la vida pública pero
bajo la impronta de la xenofobia y la segregación de lo diverso. Estos movimientos contradictorios e
íntimamente relacionados, marcan el desafío.
Es así que nuestro desafío aparece como
una necesidad histórica. Revitalizar
y reformular la tarea de edificar una sociedad
de bienestar debe formar parte del ideario de nuestra constitución
política. Un Estado social garante de una ciudadanía social conducido a reducir
las desigualdades que genera el mercado.
En este desafío colectivo, las
políticas sociales ocupan un lugar trascendente como productoras de
bienestar. Para
ello, debemos abandonar el imaginario neoliberal que identifica política social
con intervenciones residuales, es decir, como aquello que solamente sirve para
paliar el desahucio de las políticas económicas.
Las
políticas sociales son mucho más que una reacción a un problema. Por el
contrario, como dice Castels, son las “intervenciones que la sociedad se da
sobre ella misma, sobre sus condiciones de producción y reproducción de la vida”. Es decir, son
creación colectiva y oportunidad de bienestar.
La oportunidad de una ciudadanía social
plena solo se da mediante la des-mercantilización de las necesidades. No mediante el abandono al mercado, de
ningún modo bajo la comunitarización o familiarización de las
necesidades, sino solo a través de la acción pública de un Estado social
moderno y eficiente, coordinado internamente, articulado en su intervención,
integral en su concepción del individuo y distribuido simétricamente en el
territorio capaz de garantizar la efectividad de los derechos.
No es en vano, ratificar en primer
lugar el derecho humano fundamental a la salud y la educación de calidad de
todo ciudadano. Tampoco lo es, afirmar que se trata de una competencia
indelegable del Estado basado en el status de ciudadanía y no en la condición
de cliente
o asegurado.
No
es en vano ratificarlos, por ejemplo, cuando en el campo de la salud, desde el
orden federal bajo el ropaje de universalidad se impulsa el proyecto a una
canasta básica de prestaciones, que deja librada las necesidades más onerosas
de la salud, a la ganancia extraordinaria del mercado.
Asimismo,
proponemos mejorar la protección o incorporar como materia constitucional
algunas de las siguientes cuestiones que consideramos de vital importancia:
- Mejorar el reconocimiento a la estabilidad del derecho al trabajo y el derecho a la seguridad, salud y dignidad en el trabajo.
- Reconocer el derecho a la protección social del desempleo
- Incorporar la paridad de género como una materia de protección constitucional,
- Asumir la protección del trabajo doméstico no remunerado, uno de los pilares de la desigualdad de género,
- Incorporar el respeto irrestricto a las minorías sexuales,
- Incorporar el respeto a la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo
- Incorporar la obligación estatal indelegable de protección a las personas con discapacidad, garantizando las vías de acceso a los servicios públicos universales
Des-mercantilizar
necesidades para la vida y su
reproducción y asumir la tarea de transformarlas en derechos, solo se puede
lograr mediante un Estado dotado de fuertes capacidades políticas e
institucionales. Solo una institucionalidad pública abierta y coordinada,
efectiva y participativa, capaz de garantizar una ciudadanía social plena,
puede ser garantía de estabilidad del régimen político democrático, que tanto nos
costó conseguir.
En definitiva, y para
terminar, asumir el desafío de Reformar la Constitución es abrevar en la
complejidad actual hurgando en las mejores doctrinas pero al mismo tiempo, y
fundamentalmente, escuchando las voces de lo más hondo de nuestra tradiciones
populares. Por lo que hoy, surge más vigente que nunca, la frase que quizás marco
el nacimiento de nuestro Estado social: “donde existe una necesidad hay un
derecho”.
Santa Fe, 1° deDiciembre de 2016
Dr. Joaquín
Gorrochategui.
CEFICAP - Partido PARES
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