Fundamentos del Proyecto de Ley de Educación Provincia de Santa Fe

Fundamentos


1. La educación en la Argentina de los ’90: legislación educativa y Ley Federal de Educación

El proceso de transformación educativa desarrollado durante la década de los ‘90 se inscribe en el proceso de reforma del Estado y de descentralización, privatización y desregulación de los servicios sociales, encontrando puntos de coincidencia con los procesos de reforma estructural que se implementaron en casi todos los países de América Latina.

En nuestro país, los cambios en la regulación estatal tuvieron la forma de una reingeniería del Estado que, bajo la retórica de lograr un Estado eficiente, limitó la soberanía de las jurisdicciones en la definición de políticas. Estos cambios fueron desplazando la responsabilidad del Estado hacia las instituciones y los sujetos en el marco de las nuevas orientaciones de las políticas sociales.

La legislación constituyó uno de los instrumentos fundamentales que apuntaló la reforma. Entre las principales bases que orientaron la transformación encontramos:

- la Ley de Transferencia de servicios educativos de nivel medio y superior no universitario (Nº 24.049, sancionada en 1991 y promulgada en 1992) mediante la cual se transfirieron las instituciones de dependencia nacional hacia las provincias y la Ciudad de Buenos Aires;

- la Ley Federal de Educación (Nº 24.195, 1993) que fue la primera ley nacional que abarcó todo el sistema educativo;

- el Pacto Federal educativo (suscripto en 1994 y convertido en Ley Nº 24.856 en 1997) como herramienta para concertar federalmente las acciones y los recursos para la implementación de la LFE;

- la Ley de Educación Superior (Nº 24.521, 1995) que plasma un modelo de estado evaluador asociado a la lógica de mercado y

- se modificó, en la Reforma Constitucional de 1994, la cláusula acerca de las leyes de organización y de base del sistema educativo que debe sancionar el Congreso que incluye juntos los principios de gratuidad y equidad (art. 75, inc. 19).

Las expertas argentinas, Magíster Myriam Feldfeber y la Master Nora Gluz, en su libro “Las políticas educativas en Argentina: herencias de los ’90, contradicciones y tendencias de nuevo signo”, describen así la etapa:

“La LFE introdujo profundas transformaciones en la organización del sistema, estableció una nueva estructura académica y extendió a 10 años la obligatoriedad escolar. En función de la ley se definieron Contenidos Básicos Comunes y se implementó un Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad. También se establecieron mecanismos de acreditación y evaluación de las instituciones de educación superior. El papel del Estado se presenta en forma ambigua: en algunos aspectos aparece como principal e indelegable y en otros como subsidiario o secundario otorgando un rol importante a las familias, la Iglesia y el sector privado. Por otro, concentra las funciones de control en manos del gobierno central. Esto se deriva tanto del importante rol del PEN en el logro de los consensos para la implementación de la Ley como de las funciones que se le asignan en el texto de la Ley a este Ministerio sin escuelas (Paviglianiti, 1993).

La Ley incluyó a la educación privada dentro del concepto de lo público, diferenciando por el tipo de gestión: educación pública de gestión estatal y educación pública de gestión privada (Feldfeber, 2003). En materia docente las políticas estuvieron centradas, luego de la transferencia de las Instituciones de Formación Docente de dependencia nacional a los estados subnacionales, en las demandas de profesionalización y autonomía y en la discusión de nuevos criterios para defi nir la carrera laboral de los docentes. Para “compensar” las desigualdades se desarrollaron políticas asistenciales y compensatorias a través del Plan Social Educativo.

Las políticas focalizadas compensatorias constituyen un ejemplo paradigmático de esta forma de intervención estatal. La definición de prioridades y líneas de acción se hicieron en el Ministerio Nacional, mientras que las provincias se limitaron a seleccionar las escuelas que debían entrar a los distintos programas que lo componían perdiendo soberanía en la definición de la política hacia sus escuelas (Gluz, 2009), a la vez que las escuelas perdían autonomía en definir sus propios proyectos que quedaron condicionados a las directivas del programa acerca del destino de los recursos (Duschastzky y Redondo, 2000). Este modo de hacer política, implicó un implicó un cambio de los modelos de prestación de aspiración universal basados en la reciprocidad que supone la educación como derecho y que se había expresado a lo largo de la historia del sistema educativo nacional en la progresiva expansión de una educación común.

La implementación de la reforma de los ’90 redefinió el rol docente del Estado, trasladó la responsabilidad a las jurisdicciones a la par que recentralizó mecanismos de control en manos del gobierno nacional; profundizó las diferencias entre las jurisdicciones y las tendencias a la fragmentación del sistema; agudizó los irresueltos problemas del federalismo; deslegitimó el saber de los docentes frente al saber de los expertos y colocó a los estudiantes en condición de pobreza en el lugar de sujetos asistidos.”

La legislación educativa del período 2003-2006 y la Ley de Educación Nacional

La legislación constituyó el instrumento privilegiado para orientar las políticas educativas del período 2003-2006. Se sancionaron las siguientes leyes:

- Ley de Garantía del salario docente y 180 días de clase (Nº 25.864, año 2003

- Ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Nº 25.919, año 2004)

- Ley de Educación Técnico Profesional (Nº 26.058, año 2005)

- Ley de Financiamiento Educativo (Nº 26.075, año 2005)

- Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Nº 26.150, año 2006)

- Ley de Educación Nacional (Nº 26.206, año 2006)

La derogación de la LFE y la sanción de una nueva Ley Nacional de Educación constituyó un punto de quiebre relevante respecto de lo que fue la ley emblemática de los ‘90.

2. La Educación como derecho social y bien común y público

La Ley de Educación Nacional modifica nuevamente la estructura de niveles y ciclos, que había sido reformada con la LFE e implementada de modo dispar en cada una de las provincias. Vuelve a los niveles de educación primaria y secundaria (en lugar de la Educación General Básica y el Polimodal) pero sin lograr unificar la duración de cada uno de estos dos niveles. En nuestra provincia contamos con una educación primaria de 7 años y una educación secundaria de 5 ó 6 años, según se trate de secundaria orientada o técnico-profesional, mientras que en otras provincias (por ejemplo, Buenos Aires) tienen educación primaria de 6 años y secundaria de 6 ó 7 años.

La nueva ley representa un indiscutible avance sobre la LFE al definir a la educación como derecho social y bien público, pero conserva la marca de los ‘90 cuando no alcanza a precisar las relaciones entre derecho social /derecho personal, Estado /familia como responsables de la educación y público/privado.

La construcción de la Ley de Educación Provincial es la oportunidad para establecer, en el marco de esas ambigüedades, la mejor conceptualización para la educación santafesina, disipando cualquier pretensión de menguar este derecho o la responsabilidad del Estado para garantizarlo. Proponemos el siguiente texto:

Artículo 3° La Educación es un derecho social y un bien común y público, que obliga al Estado Provincial, con la concurrencia del Estado Nacional, a garantizar su ejercicio a todos los habitantes de su territorio, sin discriminación alguna.

Al respecto, muchos expertos argentinos, estudiosos del tema, expresaron posiciones que compartimos:

“Efecto probablemente de las limitaciones del proceso de consulta, pero también de las históricas relaciones de poder entre Estado, Iglesia y otras corporaciones, muchas de las definiciones sobre la educación pública de los ´90 perduran en el texto de ley junto con otras que expresan sentidos contrapuestos. El primer aspecto a destacar es la conceptualización de la educación como bien público y como derecho social y la centralidad del Estado en la garantía de este derecho. Estos principios se yuxtaponen con la formulación de la educación como un derecho personal y con el rol de la familia como agente natural y primario de la educación tal como lo establecía la LFE de 1993.” Myriam Feldfeber y Nora Gluz

En el capítulo "Lo público revisitado: paradojas del Estado, falacias del mercado", Roberto Follari analiza el pasaje de una fetichización del Estado a una fetichización de la sociedad civil y cómo se produce en la actualidad una reivindicación de la sociedad civil en contra del Estado. Argumenta que el Estado sigue y seguirá siendo uno de los puntos decisivos respecto del ejercicio del poder, por lo tanto, no podemos asumir que lo público no esté presente en el campo del Estado; lo público "es más que lo estatal", pero de ninguna manera es "otra cosa que lo estatal". Revisa la disputa en teoría social desde los análisis marxistas acerca del rol del Estado en la dominación. Sin embargo, se pregunta si las dosis de poder que se restan al Estado son reabsorbidas por los sectores más desposeídos de la sociedad, o por el contrario son entregadas a aquellos más privilegiados. Es por ello que el Estado se presenta como un "atenuador" de la cruda diferencia de clases.

Cuestiona la operación discursiva acerca de lo público no-estatal en la que la apelación a la "sociedad civil", a través de las Organizaciones No Gubernamentales, queda investida mágicamente de una pureza originaria que la dejaría fuera de la puja de intereses en que se dirime la acción del Estado. Analiza la propuesta de las escuelas-voucher como política que intenta vaciar al Estado de sus funciones tendientes a la igualdad de oportunidades, para convertirlo abiertamente en un financiador de la gestión privatizada del aparato escolar. Por lo tanto diferencia la autonomía societal del financiamiento estatal de lo privado y propone recuperar el papel del Estado frente al mercado que arrasa con los derechos básicos.

En el capítulo "Lo público, democrático y popular", Flora Hillert recupera, desde la defensa de la educación pública estatal, el debate acerca de lo público y lo público no-estatal. A partir de una exposición de los interrogantes que guiaron su propio proceso de búsqueda, hace un recuento de los debates de fines de la década del 70 y principios de los 80 sobre las experiencias del socialismo real y la socialdemocracia y sobre la visión marxista del Estado. Rescata, durante los 80, la revalorización de la sociedad civil como ámbito de resolución de problemas, por contraposición al estado burocrático y autoritario, que se asociaba con los regímenes militares. Analiza el discurso antiestatista del proyecto neoconservador y discute el alcance de las categorías "sociedad civil" y "tercer sector". Hillert se pregunta si existe lo público no-estatal y si debe existir, señalando que la multiplicidad de lo público nunca debería ser absorbida totalmente por el Estado. Postula la necesidad de establecer teórica y prácticamente las líneas divisorias entre lo público y lo privado y discute el tema de la definición de lo público, de acuerdo con Héctor F. Bravo, desde la institucionalización y la soberanía. Propone revisar la conceptualización de la Ley Federal de Educación, que sostiene que la escuela privada es pública, y recuperar la definición de la escuela pública como escuela estatal para avanzar hacia una definición de soberanía popular.

Ma. Silvia Serra, en el capítulo "¿Es posible lo público no estatal en educación en la Argentina?", aborda el interrogante desde las condiciones que en el presente hacen posible lo público no-estatal, condiciones que tienen que ver con las transformaciones de lo que históricamente se entendió por público en el campo educativo. A partir de los resultados de un trabajo de investigación, discute el sentido del término "público" y su articulación con el concepto de escuela pública, en el marco del discurso que justificó la implementación de la Ley Federal de Educación. Toma como punto de partida las características centrales que el sistema educativo argentino asumió en sus orígenes donde lo público fue equivalente de lo estatal. En el marco de la reforma en los 90 pasa revista a los desplazamientos de sentido de lo público como estatal/ nacional a lo público como estatal/ provincial y de lo público-estatal a lo público-comunitario, o perteneciente a la sociedad civil y analiza la operación presente en la reforma que pretendió instalar la idea de que la educación es responsabilidad de todos, y no sólo del Estado.

Los sentidos de lo público. Reflexiones desde el campo educativo
¿Existe un espacio público no estatal? Myriam Feldfeber

Para asegurar la comprensión del alcance de los términos utilizados en nuestra definición del concepto de educación presente en el artículo 3, agregamos las siguientes definiciones:

Un bien público es, desde el punto de vista jurídico, aquel que pertenece o es provisto por el Estado a cualquier nivel (gobierno central, municipal o local) a través de todos aquellos organismos que forman parte del sector público. Desde el punto de vista económico, es "un bien que está disponible a todos y del cual el uso por una persona no substrae del uso por otros".

El bien común es un concepto que en general puede ser entendido como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, instituciones y medios socio económicos de los cuales todos dependemos que funcionen de manera que beneficien a toda la gente. Más recientemente, John Rawls lo definió como “ciertas condiciones generales que son de ventaja para todos”.

Recogemos también la opinión del Doctrinario José M. Monzón:

“Los juristas sostienen que el derecho a la educación es un derecho fundamental de disfrute colectivo y prestacional, cuyos titulares más protegidos son la infancia (Convención sobre los Derechos del Niño, arts. 28 y 29), las minorías (Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, art. 1.4), los emigrantes (Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, art. 30) y los discapacitados (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 24) (1)...” (Cfr. Del derecho a la educación al derecho al conocimiento – 18/11/2010 - Cita: MJ-DOC-5026-AR- MJD5026).

Teniendo en cuenta la universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad e interdependencia de todos los derechos humanos y que la educación es una política pública que prepara a la ciudadanía para el ejercicio de todos sus derechos, creemos necesario reflexionar sobre el deber del Estado en este tema. El deber de un Estado, con respecto a cualquier derecho humano, es de tres tipos: de respetar, de proteger y de satisfacer. Y la obligación de satisfacer, a su vez, tiene dos componentes: de facilitar y de proveer. En la redacción de los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la presente hacemos presente estos conceptos.

En todo el Título 1 del proyecto destacamos el rol que le cabe a la educación pública santafesina por ser herramienta del Estado, es decir, su misión es convertirse en una política pública fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad ineludible e intransferible de educar.

3. Se abre el debate de la Ley de Educación Provincial

El actual contexto político resulta propicio para reavivar el debate público sobre la política educativa en nuestra provincia. Santa Fe es una de las pocas provincias (junto a San Luis, Misiones y Mendoza) que no cuenta con una ley propia de educación.

El 8 de marzo de este año, las diputadas y diputados que integramos la Comisión de Educación de esta Cámara nos reunimos con la ministra Balagué y coincidimos en la necesidad de elaborar una ley de educación para nuestra provincia, comprometiéndonos a trabajar en ello conjuntamente con el Ministerio de Educación, que puede garantizar la masividad de las consultas necesarias para su elaboración. Al finalizar la reunión, la ministra manifestó:

“es un honor recibir a los legisladores en nuestro ministerio ya que resulta muy interesante poder articular y trabajar en conjunto con el Poder Legislativo. Hay que tener la mirada del trabajo común para ver cómo mejoramos la educación, cómo hacemos para tener más niños y jóvenes en el sistema educativo, cómo mejoramos los aprendizajes continuos y cómo transformamos a la escuela en una institución social”

Y en el mismo sentido:

“si podemos conjugar esa acción conjunta con los legisladores vamos a poder tener una contundencia mucho mayor; vamos a tener las leyes necesarias y de nuestra parte aportar la experiencia para generar políticas públicas de calidad. Hemos encontrado una cantidad de legisladores que conocen de educación y eso es muy valorable”

El 1º de mayo de este año, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, dejó inaugurado el 134º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, tras pronunciar el mensaje de apertura. En materia de Educación, aseguró:

“No hay futuro sin una política que garantice y promueva una educación transformadora, una educación que convierta a todos nuestros niños y jóvenes en ciudadanos responsables y comprometidos, con capacidad y autonomía para desarrollar su vida, para construir una familia y para ser activos protagonistas de la vida social, política, económica e institucional de la Argentina”

y también habló de su financiamiento:

“le hemos asignado en el presupuesto 2016, 23.436 millones de pesos para poder afrontar todos los gastos del sistema educativo. Estamos hablando del 32,25 % del presupuesto de la administración central de la provincia, una de las provincias que más invierte proporcionalmente en educación”.

Poco después, el martes 24 de mayo, junto con la ministra de Educación Claudia Balagué, encabezaron en la ciudad capital el Foro “Diálogos por la Educación. Mesa con autoridades de gobiernos locales”, en el marco del diseño y elaboración del Plan de Educación provincial. En esa oportunidad se expresó sobre la necesidad de construir la Ley de Educación Provincial:

“Queremos avanzar en este tema. Santa Fe es una de las pocas provincias que no tiene una ley de Educación actualizada, lo cual puede ser un problema o una oportunidad. Nosotros vemos aquí la oportunidad para aprovechar lo mejor de la experiencia de otras provincias o, incluso, de otros países, e incorporar premisas de avanzada en nuestro proyecto. Así que vamos a tratar de aprovechar lo que resta del año para trabajar en los contenidos del mismo y, seguramente, el trabajo de ustedes y las conclusiones de estas jornadas van a ser útiles para avanzar en ese objetivo”.

El 5 de julio, la Ministra Claudia Balagué anunció que se dará un proceso de debate "amplio y participativo" para generar las bases de la sanción de una Ley Provincial de Educación.

“La Cámara de Diputados definió que vamos a conformar una comisión de trabajo y encomendó al Ministerio de Educación generar un debate participativo con todos los santafesinos para la producción de un documento base que permita la discusión legislativa. Tenemos un gran trabajo por delante y la firme convicción de llegar a contar con una ley en este período de gobierno”

El Ministerio de Educación anunció un proceso de consulta a todos los actores del sistema educativo, legisladores, especialistas y sociedad en general. Con la modalidad de nueve foros regionales de participación ciudadana durante los meses de agosto, septiembre y octubre; y la voz de la sociedad santafesina a través una encuesta web, se abrió el debate sobre la Ley de Educación Santafesina.

4. La educación es una política pública

Es nuestra convicción que todas las acciones educativas que se desarrollan en nuestra provincia deben convertirse en política pública, con amplias y profundas discusiones sociales y sectoriales, y los consensos obtenidos deben ser los insumos básicos para construir el marco legal que la legislatura santafesina tiene la tarea de sancionar.

Según se expresa en el portal de Educación de Santa Fe:

“La política educativa de la provincia Santa Fe concibe tres ejes conceptuales: escuela como institución social, calidad educativa e inclusión socioeducativa.
En el abordaje de estos ejes se prioriza la articulación con las acciones de otros niveles del Estado, con el gabinete social de la provincia y con instituciones, así como también con los miembros del sistema educativo provincial, como por ejemplo las familias, cooperadoras, docentes y asistentes escolares.

Todas estas acciones se enmarcan en Políticas Públicas:

- que promueven la convivencia y la inclusión

- de mejora continua de la infraestructura y el mantenimiento edilicio

- de formación docente y desarrollo curricular

- de bienestar de docentes y asistentes escolares.

Para la implementación de la política educativa se diseñaron dos mecanismos complementarios: los Programas de Formación Docente y los Programas de Acción Ministerial.”

5. La evaluación de la calidad educativa y la información estadística son insumos necesarios para la toma de decisiones

La Provincia de Santa Fe desarrolla desde 1993 los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) e Internacionales. Estas acciones se inscriben en el marco de la Ley de Educación Nacional (LEN) N° 26.206, en los artículos 84, 85 d), 94, 95, 96, 97 y en las funciones establecidas en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, para el período 2010-2020, aprobado por el Consejo Federal de Educación (CEF).

El objetivo principal de las acciones de la calidad educativa es conocer, a través de los distintos Operativos Nacionales e Internacionales, las debilidades y fortalezas del Sistema Educativo, como así también lo que saben y son capaces de hacer los alumnos.
La Argentina desde el origen de los operativos (1993) ha realizado un gran esfuerzo y ha alcanzado importantes logros en materia de evaluación de los procesos de la calidad educativa de los aprendizajes de los estudiantes.

A partir del año 2010 por Resolución 116/10 acordada en el Consejo Federal de Educación los Operativos Nacionales de Evaluación tienen una periodicidad trianual, al igual que las pruebas internacionales.

Desde el año 2000 la Dirección General de Información y Evaluación Educativa a través de su Departamento de Evaluación es la responsable de la puesta en marcha de los siguientes operativos:

- Operativos nacionales de Evaluación (ONE)

- Operativos internacionales de Evaluación (PISA, TERCE)

Los operativos pueden ser censales o muestrales. Los censales se aplican a la totalidad de los alumnos de todo el país que cursan el último año de estudio de la Educación Secundaria. En cambio, los muestrales se llevan a cabo en establecimientos seleccionados de forma aleatoria por la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE) y estratificados, de manera tal que dicha selección sean representativas de la Jurisdicción. Estos se implementan en el último año de cada ciclo educativo (3er. Y 6to. grado de Educación Primaria y 2do. año de estudio de Educación Secundaria).

A mediados de 2015 se conocieron los resultados del último Operativo Nacional de Evaluación, que examina el rendimiento de los estudiantes en Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Naturales, desde 2010 a 2013. Según éstos, aumentó la calidad educativa en la secundaria, posicionando a Santa Fe - con 10 % sobre la media nacional en las cuatro materias evaluadas- entre las tres mejores provincias del país (junto con Río Negro y La Pampa), aumentó la cantidad de alumnos que asisten a la secundaria, disminuyó el abandono y más estudiantes terminaron de cursar en tiempo y forma. Además, Santa Fe fue la única provincia que mejoró en las cuatro materias, en relación con el Operativo Nacional de Evaluación ONE 2010.Los resultados demuestran que con políticas públicas adecuadas se pueden mejorar simultáneamente la calidad educativa y la inclusión.

Sin embargo, estos resultados alentadores no son suficientes para concluir que la educación santafesina cumple las metas que nos proponemos. Hay mucho por mejorar y mucho trabajo por hacer.

Teniendo en cuenta que la información estadística constituye un insumo esencial para el diseño, la aplicación y evaluación de políticas públicas en educación, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Información y Evaluación Educativa (responsable de la producción, sistematización, análisis, publicación y difusión de la información estadística del Sistema Educativo Provincial) implementó el “Sistema de Gestión Administrativa Escolar” (SiGAE Web), cuyos datos conforman la base del Sistema Nacional del Relevamiento Anual (RA) de la Red Federal de Información Educativa.

La utilización en forma integrada de los Sistemas de información de Santa Fe permitió disponer casi “en línea” de datos confiables, oportunos y actualizados sobre el Sistema Educativo. Resta todavía generar un Sistema de indicadores que faciliten el análisis de los fenómenos que aparecen, sin perjuicio de que sus valores no siempre expliquen las relaciones causales ni permitan extraer conclusiones unívocas.

Ingresando en el portal de Educación, desplegando las pestañas “Información estadística” y “Evaluación de la calidad educativa” se accede a una valiosa y completa información sobre estadísticas educativas, indicadores, series históricas, documentos e información sobre los operativos nacionales e internacionales de evaluación que permiten profundizar el análisis de distintos aspectos de la realidad educativa santafesina.

6. Aspectos principales de nuestra propuesta: recuperando la experiencia acumulada

El presente proyecto de ley pretende vertebrar en un texto coherente y organizado toda la experiencia acumulada de nuestra provincia en materia educativa, reconociendo nuestras mejores prácticas, respetando nuestra idiosincrasia, valorando nuestra historia y honrando nuestros compromisos con la Educación concebida como igualadora en el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo, promotora de la cohesión social e impulsora del desarrollo humano.

Si bien hemos trabajado con los textos de la Ley Nacional de Educación, de leyes de Educación de otras provincias argentinas y de otros países como materiales de referencia, nos esforzamos por incorporar ideas que, entendemos, expresan mejor la Educación que queremos para nuestra provincia.

Y sobre todo, decidimos rescatar para la nueva ley todas las construcciones democráticas que nacieron, crecieron, se desarrollaron y se enraizaron en el cuerpo del sistema educativo santafesino, como:

- los Consejos Escolares, que se establecieron en 1989 por la Ley Provincial N° 10.416, y que promueven la participación democrática de todos los miembros de la comunidad educativa en el ámbito donde se realiza la mayor parte del proceso educativo: la propia escuela. Estamos convencidos de que ésta es la más importante de las participaciones en el gobierno de la educación, porque es la que garantiza la democracia más directa, la pluralidad más amplia y el compromiso mayor, ya que reúne a todos aquellos que construyen el día a día de las escuelas santafesinas, que la transitan y conocen, que la defienden y la recrean cotidianamente, que están en el barrio, en la comuna o ciudad y que conocen a sus principales protagonistas: las niñas y niños que la habitan, saben de sus sueños, sus dificultades y esfuerzos y por eso están en mejor condición de aportar ideas que cualquier otra representación corporativa. Son Consejeros situados en el mismo ámbito en el que se define el proceso educativo y, sin duda alguna, su interés primordial es la mejora de la educación para los jóvenes de su propia comunidad.

- las Juntas de Escalafonamiento Docente, que se crearon por el Decreto N°1339/08 en 2008 y con una composición igualitaria de miembros ministeriales y gremiales, lo que constituye una garantía para el ordenamiento de los antecedentes docentes y la transparencia en el establecimiento de órdenes de mérito para su carrera, a la vez que simplifican administrativa y organizativamente esta tarea, aliviando a los equipos directivos de las escuelas que, anteriormente a su funcionamiento, consumían mucho tiempo y esfuerzo en la realización de la misma.

- la Junta de Disciplina Docente, creada por la Ley N° 10.290 en 1989, con representación ministerial y gremial, que funciona a los efectos de acompañar y aconsejar en los procesos de sumario administrativo y en la definición de las sanciones correspondientes que el Poder Ejecutivo debe aplicar cuando la conducta de algún docente así lo requiere.

- la Escuela No Graduada, que es una experiencia pedagógica que se desarrolla en la provincia desde 1983 y tiene como meta principal que los chicos completen su paso por la escuela, pero en un marco de respeto por sus tiempos de aprendizaje. El proyecto surgió junto a la apertura democrática como propuesta autogestionaria de las escuelas para intervenir ante los crecientes índices de repitencia y abandono escolar. Comenzó con algunas escuelas que se apropiaron del programa, lo fortalecieron y mejoraron. Esta forma de trabajo implica un criterio de autoridad que permite el desplazamiento de los lugares del saber. Se valora y evalúa procesos, respeta tiempos y ritmos singulares y propicia la conformación de vínculos habilitantes para el aprendizaje. Es una forma de trabajo institucional, democrático, abierto a la comunidad, a las propuestas y a las teorías, que se basa en la organización de competencias por niveles, la movilidad, la flexibilidad en reagrupamientos, el rol del docente nivelador y la hora de integración para la reflexión de la práctica.

- el Plan Provincial de Ajedrez Escolar, previsto por la Ley 10.525, que desde 1990 funciona en nuestra provincia y que desde entonces desarrolla la enseñanza del ajedrez en el ámbito escolar tanto en forma curricular como en talleres. Hoy es una herramienta de integración con la enseñanza de la matemática, permitiendo desarrollar progresivamente los contenidos específicos de ajedrez y a la vez utilizarlos para problematizar y potenciar los contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales de todos los bloques de matemática para la Educación Primaria, abordándolos desde una perspectiva integradora. Por su carácter eminentemente lúdico, el ajedrez brinda además al niño el contexto motivacional adecuado para un proceso de aprendizaje placentero y se ofrece como un camino alternativo que puede ser capaz de provocar la ruptura con las prácticas tradicionales que en ocasiones resultan ineficaces. Hoy contamos con 250 escuelas en las que 23.000 niñas y niños santafesinos aprenden ajedrez y todos los años, por solicitud de las propias instituciones educativas, el plan de Ajedrez Escolar se amplía. Además, nuestros alumnos participan masivamente en los torneos locales, regionales y nacionales, obteniendo los mejores resultados deportivos. Si bien muchas provincias argentinas implementan el ajedrez escolar, el desarrollo del mismo vinculado a la enseñanza de la matemática ha logrado instalar a nuestra provincia como referencia nacional y, actualmente, internacional en la materia.

- el Programa Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, que es una experiencia extraordinaria que se replica en todo el país y que surgió en 2009, por iniciativa nacional, y hoy permite que en nuestra provincia funcione una red de 45 orquestas. Las Escuelas Orquestas -desde su acción colectiva y transformadora a través de la música- se orientan al fortalecimiento de la inclusión, la igualdad de oportunidades y derechos entre niñas, niños y adolescentes, la calidad de los aprendizajes, y a la participación ciudadana. Este proyecto propone el diseño de orquestas y coros en las escuelas en las que se desarrollan programas socioeducativos del Ministerio, como modo de incluir y retener a los niños y jóvenes en las escuelas, y proponer alternativas de mejora de la oferta educativa escolar. En el marco de la política educativa provincial, reafirmar el rol social de la escuela implica pensarla en relación con el entramado de instituciones sociales que componen un territorio y una comunidad. Las escuelas no sólo se constituyen como la sede de funcionamiento de las orquestas, sino que también forman parte de la ampliación y enriquecimiento de las trayectorias educativas. Esta iniciativa implica para el establecimiento escolar una renovación del modelo pedagógico, potenciando la enseñanza del lenguaje musical y garantizando la accesibilidad a los bienes culturales.

- el Programa de Educación Sexual Integrada “de ESI se habla”, una propuesta educativa en la que Santa Fe fue pionera y que reconoce sus antecedentes en la Ley Provincial N° 10.947 de 1993.

- las Ferias de Ciencias y Tecnología “Eureka, Santa Fe”, que funcionan desde 2008, y que son experiencias altamente enriquecedoras, que ofrecen la posibilidad de compartir, intercambiar y mostrar la producción de los alumnos en esas áreas, a la vez que son instancias óptimas para despertar el interés por la investigación, la innovación y la experimentación.

- las plantas campamentiles, como las de La Estrella en Bigand, la Nº 7502 Campo Reybet en Máximo Paz, la Ex Escuela Campo La Tandilera en Chovet, la Nº 7503 José Francisco Cagnin en Coronda, el Centro de Educación Física N°53 en Rafaela, La Maravita en Humberto 1º, La Verde en el Balneario Laguna La Verde (localidad de Huanqueros) y la Ingeniero Boasi (planta comunal) en Sarmiento. Estas son un excelente espacio donde abordar la educación ambiental. Por esto, las plantas campamentiles se están adecuando a la Ley Provincial 13.055 “Basura Cero” para eliminar el entierro e incinerado de los residuos, promover la reducción del consumo, sugerir la reutilización, proponer el reciclado, experimentar el compostaje, entre otras medidas necesarias que permitirán el necesario cambio de actitudes: la austeridad y el consumo responsable como valores, y las prácticas de la reducción de emisión de residuos, la reutilización y el reciclado.

- la reforma curricular de todas las escuelas secundarias orientadas con la participación de los docentes, permitió aprobar las estructuras curriculares para al Ciclo Orientado de la Educación Secundaria (3°, 4° y 5° año). Esta medida apuntó a garantizar igual calidad educativa a todos los estudiantes de la provincia, propiciando la definición de contenidos que, estando presentes en todas las aulas, promueven la formación de ciudadanos que actúen socialmente en un marco de solidaridad, de compromiso y de sensibilidad hacia las necesidades del contexto para fortalecer el desarrollo económico, cultural, ambiental y social de la provincia. La aprobación de la reforma curricular determinó que las escuelas ofrezcan los títulos de bachilleres en Economía y Administración; Ciencias Naturales; Ciencias Sociales; Ciencias Sociales y Humanidades; Lenguas; Arte; Agro y Ambiente; Turismo; Comunicación; Informática; y Educación Física.

- el Plan Vuelvo a Estudiar, que desde 2013 se constituye en una de las líneas estratégicas del Ministerio para el mejoramiento de la educación secundaria y la vida de adolescentes, jóvenes y adultos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. La particularidad de este Plan radica en la articulación entre el Ministerio de Educación de la Provincia y otras áreas de gobierno provincial en el marco del Gabinete Social, como por ejemplo los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Seguridad. A su vez, atiende a las peculiaridades y demandas que presenta cada municipio, por lo cual se articula con las Secretarías y organizaciones de los gobiernos locales, creándose dispositivos de articulación que potencian el impacto en campos de acción vinculados con la escolarización, aunque también con la participación y la apropiación de otros ámbitos culturales, sociales, de empleo, de salud, etc. Para detectar los casos de abandono de la escolarización, se recurre al Sistema de Gestión y Administración Escolar (SIGAE), que desde hace varios años se utiliza en todas las instituciones educativas de la Provincia. Conforme a los datos que allí se relevan, se hace necesario instalar la vulnerabilidad como criterio para dar prioridad a la inclusión educativa. Para garantizar y fortalecer la permanencia de los jóvenes en las escuelas, surgieron otros actores claves: el Referente Institucional (docente, tutor, preceptor o facilitador de la convivencia del interior de la escuela), el Consejero Juvenil (actor que trabaja con los jóvenes en los barrios, y se constituye en “el brazo extendido” entre el adentro y el afuera de la escuela)y el Referente Regional (actor fundamental para promover las acciones tendientes a la inclusión socioeducativa en su región, realizar el seguimiento del Plan al interior de las escuelas, trabajando conjuntamente con el Equipo Central del Plan Vuelvo a Estudiar, Delegados Regionales, Coordinadores Pedagógicos, Equipos Socioeducativos, Supervisores, Directivos y Docentes de las escuelas). A partir del 2015 comenzó a instrumentarse el “Vuelvo Virtual”, una iniciativa innovadora e inédita en el país, destinada a mayores de 18 años

También en lo que hace a la promoción de la igualdad y la calidad educativa la educación santafesina promueve espacios de encuentro. “El Patio” es un espacio socio educativo, una propuesta para que el barrio se encuentre, permitiendo así a los niños, jóvenes y adultos vivenciar, protagonizar y participar, donde el encuentro con el otro invita a reconocerse en ese otro y proyectarse. Ofrece en cada uno de sus rincones oportunidades de hacer, desde diferentes lenguajes, para recuperar vínculos, autoestima y conocimientos que reconstruyan el sentido de lo colectivo, desde tres ejes que enlazan las propuestas: movimiento, comunicación y tecnología. Es una ampliación del espectro educativo formal, puente entre el barrio y la escuela, bisagra entre los niveles escolares, desplegando en sus propuestas un hacer técnico, plástico y lúdico que nos dice que para aprender lo importante no es la edad sino la emoción y las oportunidades.

En el mismo sentido, se promueve “Santa Fe juega”, que es un programa implementado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe cuyo objetivo es propiciar la convivencia, la participación y la apropiación del espacio público por parte de jóvenes y adolescentes. Su diseño incluye propuestas deportivas para distintas categorías, disciplinas y modalidades. También contempla la participación de jóvenes en propuestas artísticas con lo que se genera la posibilidad de producir un cruce de lenguajes: artístico y deportivo. Las y los participantes pueden inscribirse en aquellos deportes clasificatorios para los Juegos Nacionales Evita, atravesando las distintas instancias: locales, departamentales, regionales y provincial. Asimismo, se presenta la posibilidad de participar en deportes con alcance departamental, que complementan la propuesta deportiva, generando espacios de encuentro, haciendo lugar al dinamismo y necesidades de cada localidad. Al mismo tiempo, para que la competencia no sea la única forma de relación entre jóvenes, Santa Fe Juega propone diferentes modalidades y dinámicas de participación. Se realizan, además, “Encuentros Deportivos” de handball y atletismo para escuelas primarias y especiales (sexto y séptimo grado); y Santa Fe Juega “En Red” orientado a escuelas secundarias públicas, privadas, técnicas, rurales, especiales y EEMPAS, que mediante jornadas deportivas de voley y handball, puedan compartir y propiciar la integración. Se suman propuestas Artísticas, que amplían las posibilidades de participación, contemplando diferentes expectativas y propiciando el cruce de lenguajes.

- el Club de niños pintores. El Club de Niños Pintores tiene su propia estructura y posee fuerza de Ley Provincial (fue creado en 1950 por iniciativa del Profesor Esteban Ocaña), con una finalidad interesante en ese momento histórico ya que sumaba a la comunidad. Enseñar a través del arte implica desarrollar las potencialidades de niños y niñas, adolescentes y jóvenes para que poco a poco encuentren lugares comunes de producción donde puedan dialogar, compartir, discutir y entre - cruzar ideas y ponerlas en imágenes en diversos soportes (desde una hoja en blanco, un mural o espacios no convencionales). Educar desde la imagen – educar desde el arte – es educar integralmente desde la construcción significativa del ser, ayuda al desarrollo de la motricidad, afectividad y cognición en la edad escolar de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes y pone de manifiesto el valor que posee el arte para pensarnos como seres creativos y capaces de desarrollar la imaginación. A través del arte podemos pensar la escuela como el espacio donde se enseña a desarrollar las potencialidades desde una visión holística para humanizar, a pesar de los conflictos y grados de conflictividad a través del desarrollo de la capacidad creadora, con la finalidad de recuperar la sensibilidad, autoestima, imaginación, empatía, originalidad, curiosidad y los juegos simbólicos para alcanzar a formar un pensamiento crítico en los estudiantes. Es un área de articulación con otras a partir de la interacción transdisciplinar, donde poco a poco la complejidad se pone en juego para potenciar la investigación en los procesos de construcción significativa que la educación a través del arte posee. Este es un principio pedagógico importante para pensar en la manera de desarrollar el gusto por las actividades artísticas e interiorizar experiencias únicas que provoquen emociones dentro de las aulas y fueras de ellas. Poner a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en el lugar de ciudadanos con plenos derechos para que puedan vivir el mundo de la cultura donde el arte comunica, expresa, siente, piensa desde el mundo circundante, a su realidad, con el fin último de imaginar mundos posibles donde la idea de paz sea un eje organizador de nuevos desafíos en el ambiente que habitamos.

Supervisor de Educación Artística Región VI Fernando Ríos

7. Nuevas ideas que incorporamos en nuestra propuesta

Así como mencionamos sólo algunas de las experiencias educativas ya presentes en el quehacer educativo santafesino, aportamos algunas propuestas que creemos resultarán valiosas para enriquecerlo. Entre ellas, la del Título 5 de la presente, con la incorporación de “Contenidos asociados a Nuevos Derechos”, la creación de una nueva modalidad del Sistema Educativo como la “Educación a Distancia y los Entornos Virtuales de Aprendizaje” y la creación de la Universidad Provincial de Santa Fe, “USAFE”.

Contenidos asociados a Nuevos Derechos

“Los Derechos Sociales se consolidaron durante el Siglo XX, incluyéndose en las constituciones y en las leyes de muchos países, de modo que las democracias más avanzadas se convirtieron, a la vez, en “democracias sociales” (Bresser, 2001), al otorgar al estatus “formal” de la ciudadanía los fundamentos “materiales” para hacer valer tales derechos sociales, lo que le permite ejercitar sus derechos para la plena participación en la comunidad (Aceves, 1997).

Nuevos tipos de ciudadanía se han desenvuelto en torno a los nuevos problemas y procesos sociales que ahora enfrentamos. Los cambios de las dinámicas mundiales desplegadas en el último cuarto de siglo pasado generaron nuevas dinámicas de exclusión e inclusión y un terreno diferente para el surgimiento de nuevos derechos.

Este particular orden espacial y temporal de experiencias da un contenido específico a la naturaleza de la ciudadanía, abriendo “nuevos contenidos”, multiplicando derechos antes no considerados en los horizontes referenciales nacionales y que trascienden los límites del Estado-Nación. Frente a la emergencia de realidades macrosociales y supranacionales se requiere de una ciudadanía más extensa e inclusiva y de nuevos recursos institucionales para garantizar su realización. “

Derechos de Ciudadanía. Responsabilidad del Estado. Manuel Canto Chad (Ed.), 2005

Pretendemos que la educación santafesina cumpla, como herramienta eficiente del Estado Provincial, su tarea de formar a los ciudadanos para su mejor desempeño en la realidad actual y para el futuro. Por eso, incorporamos algunos de los contenidos que consideramos más importantes para que, con su tratamiento transversal en todas las áreas, se forje una educación más integral que responda a los requerimientos de las nuevas ciudadanías. La Educación en Derechos Humanos, la Sexual Integral con perspectiva de Género, la Ambiental, la Alimentaria, la Prevención de Adicciones, la Vial y la educación para la Ciudadanía, la Convivencia y la Participación Democrática tienen este propósito.

Un comentario especial merece la Educación en el uso de las Tecnologías y la Comunicación. Estamos en un momento histórico en el que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación modulan con enorme fuerza muchas de las manifestaciones sociales más relevantes. Aunque este fenómeno alcanza todos los ámbitos de la sociedad, desde las meras relaciones interpersonales a ámbitos como la sanidad, la educación, la seguridad pública, y a todas las modalidades jurídicas -piénsese en aspectos como el comercio electrónico, firma digital, delitos informáticos, etc.- no cabe duda de que hay un ámbito en el que su influencia cobra una relevancia especial para los ciudadanos, como es el del ejercicio de los derechos fundamentales.

Educación a Distancia y los Entornos Virtuales de Aprendizaje

La creación de esta nueva modalidad de nuestro Sistema Educativo implica, justamente, reconocer el impacto de las TIC en la sociedad. Y como todo indica que vinieron para quedarse, es provechoso que ya formen parte definitivamente de nuestro sistema, de modo de poder regular su aprovechamiento eficiente y utilizar todo su potencial para la tarea de educar. Actualmente, en nuestra provincia funciona el “Vuelvo virtual” como estrategia para la reinserción de alumnos que abandonaron sus estudios obligatorios, pero también los entornos visuales se aprovechan para el dictado de cursos de formación docentes, para los encuentros entre alumnos de escuelas ubicadas en distintas regiones, para la capacitación laboral, etc.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo. La UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante a la promoción de las TIC en la educación. El acceso, la integración y la calidad figuran entre los principales problemas que las TIC pueden abordar. Seguramente su desarrollo transformará sustancialmente los modos de hacer en nuestra sociedad y se constituirán en vehículos indispensables para desempeñarse en el futuro.

La Universidad Provincial de Santa Fe – USAFE

Ésta es la propuesta más osada de nuestro proyecto, e implica asumir el desafío de construir un nuevo ámbito educativo provincial de carácter universitario.

Como casi todos los aspectos de la vida contemporánea, la educación superior no fue siempre igual, ni en las diferentes épocas ni en los distintos lugares, sino que se fue construyendo a partir de experiencias históricas de largo aliento. Por ello, para poder comprender de manera más acabada el presente de la educación superior, es conveniente realizar un pequeño rastreo histórico de su evolución y un análisis detallado de las características que este ámbito de la educación fue adquiriendo en el mundo en general y en nuestro país y provincia en particular.

Es necesario aclarar que en la argentina la educación superior tiene dos universos que coexisten: el de Institutos de Educación Superior y el universitario. Así se presenta como un sistema binario conformado por dos subsistemas cada uno de los cuales está integrado por una cantidad muy disímil de instituciones y de población. Hasta la sanción de la Ley de Educación Superior 24.521 de 1995, ambos subsistemas eran totalmente independientes, ya que la normativa existente no los obligaba a interactuar entre sí.

La sanción de la Ley denominada justamente de Educación Superior, implicó una nueva forma de “entender” los estudios superiores en nuestro país. La nueva Ley los envuelve en un conjunto de normas articuladas entre sí a fin de lograr un funcionamiento sistémico.

Esta meta implicó que luego de la sanción de la LES, fuera necesario recrear un espacio de trabajo común entre los actores de ambos subsistemas, en el que se pudieran operativizar los artículos de la ley que prevían la toma de decisiones “consensuadas” y en donde, justamente, debían intervenir gobiernos locales y el gobierno federal. Esta tarea se inició y dio como resultado una serie de acuerdos federales y resoluciones ministeriales que son el marco general legal para la transformación docente en particular y para la educación superior en general.

En el ámbito universitario propiamente dicho, hoy podemos afirmar que existe una tendencia mundial y regional a la creación de universidades dependientes de los Estados sub nacionales. En la región, la UERJ (Universidad del Estado de Río de Janeiro), la Universidad Estatal de Campinas, las de Bahía, Sáo Paulo, Feira de Santana, Norte Fluminense, entre otras. En México, las universidades autónomas de Puebla, Nuevo León, del Estado de México, la Metropolitana y la de Sonora, constituyen ejemplos de instituciones que están a la vanguardia de la educación universitaria de ese país. En nuestro país, Córdoba, Entre Ríos, San Luis y Buenos Aires funcionan, además de las nacionales, universidades provinciales.

La conveniencia de contar con una institución provincial de nivel universitario es obvia: jerarquiza a la educación de la provincia y facilita una mejor formación tanto en lo que se refiere a los profesorados como a la educación técnico profesional que hoy ofrecen las tecnicaturas superiores de nuestra provincia.

Nos interesa dejar claro que la creación de la USAFE se tiene que dar en el marco de una idea de cooperación y complementariedad con las universidades nacionales con presencia en nuestra provincia y que de ninguna manera la universidad provincial pretende competir con la oferta de formación de las universidades nacionales, ya que el espectro que cubrirá la USAFE es el mismo que hoy cubren los Institutos Superiores de Formación Docente y los Institutos Superiores de Formación Técnico-Profesional, que no tienen superposición de oferta formativa con las universidades nacionales. En este sentido, el proyecto de ley ingresado en esta Cámara para su creación despeja cualquier duda a ese respecto.

La actual estructura del Nivel Superior será absorbida por esta universidad provincial, manteniendo a todos y cada uno de los Institutos Superiores, con sus autoridades, personal docente y asistentes escolares, garantizados todos sus derechos laborales, como el cuerpo de la nueva estructura universitaria, que tendrá un rectorado único para la provincia y 5 sedes, ubicadas en las distintas regiones; Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto. Los Institutos serán sus unidades académicas.

Se espera que cumpla un rol en la formación de profesionales según las necesidades de desarrollo productivo, cultural y social de cada región de nuestra provincia, además de desarrollar vías de investigación que atiendan a esas necesidades regionales. El compromiso de la USAFE es constituirse en actora principal y motor del desarrollo santafesino. Acercará la universidad a los jóvenes de toda la provincia, teniendo en cuenta sus 5 sedes y su amplia gama de oferta de formación técnico-profesional y pedagógica (hoy sostenida por los institutos de educación superior), evitando el desplazamiento innecesario de los jóvenes estudiantes a Rosario, Santa Fe y Rafaela para cursar , el desarraigo que esto genera y los altos costos económicos para sus familias. La flexibilidad de la USAFE para adaptarse a las necesidades educativas de cada región de nuestra provincia, priorizar las carreras que éstas demanden para su desarrollo y optimizar la calidad la formación docente serán sus principales desafíos.

8. ¿Es conveniente la creación de un consejo provincial?

Teniendo en cuenta que la figura de consejos provinciales de educación está presente en varias de las leyes de educación de otras provincias argentinas y que también fueron incluidos en algunos proyectos de ley ingresados a esta Cámara para su tratamiento, consideramos que no resulta conveniente implementar esta forma de gobierno en el sistema santafesino.

Las experiencias de consejos generales no han sido provechosas para el mejor funcionamiento del gobierno de la educación hasta lo que nosotros conocemos. Por el contrario, suelen generar un “doble comando” que genera obstáculos para el desarrollo de esa tarea y constituyen otra burocracia que lentifica la toma de decisiones sin garantizar que éstas obedezcan a criterios de mayor democracia ni eficiencia. Por lo general, la integración de estos consejos obedece a una lógica corporativa y muchas veces las disputas de poder entre los sectores que integran ese órgano de gobierno o el conocimiento poco exhaustivo de las problemáticas interfieren en la calidad de las decisiones que tienen que garantizar. Surgen en ellos disputas que tienen que ver más con pugnas propias de la política partidaria o económicas, visiones ideológicas de difícil síntesis, conflictos de intereses, etc. que distorsionan su rol y complican la instrumentación de las políticas educativas.

Preferimos profundizar los mecanismos de participación en los Consejos Escolares, los Centros de estudiantes, los foros educativos regionales, las cooperadoras y sus federaciones, los gremios que nuclean a los trabajadores de la educación y sus paritarias, robustecer la ciudadanía universitaria de la USAFE y cultivar la articulación permanente con las Universidades Nacionales santafesinas. Ensayar nuevas formas de gobierno, introduciendo representaciones hasta hoy ajenas al sistema educativo provincial, nos parece innecesario e imprudente, puesto que los mecanismos de participación que hoy disponemos, aunque perfectibles, están dando buenos resultados. No registramos, hasta el momento, demandas en este sentido de quienes integramos el sistema educativo provincial ni nos parece pertinente la intervención en el gobierno del sistema de sectores del poder legislativo ni de las universidades públicas y privadas por cuanto se introduciría una lógica ajena a la específica, diluyéndose la participación de la propia comunidad educativa en la toma de decisiones, además de generarse una burocracia innecesaria.

9. La relevancia del debate y la necesidad de construcción colectiva de la nueva ley de educación provincial

En estos años se avanzó muchísimo en la dignificación del trabajo docente, por el funcionamiento sistemático de las paritarias en el marco de las convenciones colectivas de trabajo, se amplió y mejoró la oferta educativa secundaria y terciaria y se mejoró la infraestructura educativa. También empiezan a verse resultados alentadores en la calidad educativa en relación a otras provincias de nuestro país, y es una realidad objetiva el incremento sostenido de los recursos presupuestarios afectados a la inversión educativa.

Pero sabemos que esto no es suficiente. Estamos muy lejos todavía de aquellos modelos educativos que constituyen la vanguardia mundial. Por eso creemos que la discusión sobre la ley de educación provincial es de significación estratégica.

Seguramente el debate que realizará la sociedad santafesina aportará otras miradas, otras lecturas y nuevas ideas que enriquecerán el trabajo de construcción del nuevo texto de ley, pero resulta un desafío apasionante volver a poner a la educación en el centro de las preocupaciones y anhelos de nuestra sociedad, como cuando la “Carpa Blanca Docente” concitó el interés de toda la sociedad argentina.

Aquella, emplazada frente al Congreso Nacional en 1997, fue una reacción de los trabajadores de la educación organizados en la Ctera frente a las políticas neoliberales para reclamar el aumento de los fondos para la educación pero se constituyó en un centro del reclamo social para protestar también por una mayor defensa del mercado interno, políticas productivas y de sustitución de importaciones y la suspensión del pago de la deuda externa. Durante 1003 días, la carpa fue visitada por casi 3 millones de personas y recibió el apoyo de diferentes personalidades nacionales e internaciones, constituyéndose en el símbolo del compromiso de la sociedad argentina con la Educación. La protesta culminó cuando el Congreso Nacional promulgó una Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba un fondo salarial para ese momento, pero su espíritu permanece en la conciencia colectiva como la bandera de la Dignidad Educativa en nuestra Nación.

Ya no corren esos tiempos y las condiciones de la educación han mejorado sustancialmente en el país y en nuestra provincia particularmente, pero nuestras metas son ambiciosas y exigen que nos esforcemos mucho para lograrlas.

Siempre es necesaria la utopía para alumbrar el camino que nos conduzca al logro de nuestras metas. Esta mística es indispensable para alentar todos los esfuerzos y para superar todos los obstáculos que se nos presenten en ese recorrido colectivo. Recordando los versos de Joan Manuel Serrat, decimos con él:

¡Ay! Utopía,
incorregible
que no tiene bastante con lo posible

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Ley.


Diputada Provincial Verónica Benas - Bloque Partido PARES
Frente Progresista Cívico y Social